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Responsabilidad Política e Independencia

La responsabilidad política es un fundamento esencial para la buena gobernabilidad de un país. En términos simples, la responsabilidad política existe cuando el ciudadano puede premiar con la relección al gobernante que le proporciona una buena administración de recursos públicos o, en caso contrario, puede castigar electoralmente con el destierro a la oposición al gobernante que no presenta una acción de gobierno mínimamente satisfactoria. La existencia de responsabilidad política es, al fin y al cabo, el incentivo principal que un político tiene para preocuparse de satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Para que haya una clara rendición de cuentas, es condición necesaria que el ciudadano sepa qué competencias son controladas por cada político. Si no hay claridad en la asignación de responsabilidades, la ciudadanía no puede transformar su descontento en votos y la relación entre mala gestión y castigo electoral se debilita.

Esta asignación precisa de responsabilidades está en la práctica complicada por el mayor o menor grado de descentralización de un país. En el caso del Estado Español, este problema está exacerbado por el sistema de comunidades autónomas establecido durante la transición y el cambiante y fluido escenario de descentralización que ha resultado. El ciudadano se encuentra en un contexto de administraciones solapadas, donde la asignación de responsabilidades es ambigua debido a la incapacidad del Gobierno Central de descentralizar plenamente competencias y su debida financiación.

Por ejemplo, las competencias sobre educación están, en principio, completamente descentralizadas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la decisión de voto debería ser sencilla: si el ciudadano está satisfecho con la educación que reciben sus hijos, puede votar convencido al partido de gobierno en la Generalitat. Si no lo está, debería votar en sentido contrario. Sin embargo, la realidad es mucho más confusa. Todavía tenemos un Ministro de Educación en Madrid que impulsa proyectos de ley y numerosas reformas educativas y que, de vez en cuando, profiere admoniciones en el Congreso. También es posible que en cualquier momento del Tribunal Constitucional salga una sentencia que obligue a cambiar la administración de este servicio público. En estas circunstancias, ¿cómo puede el ciudadano saber quién es el responsable último de los problemas en nuestras escuelas? ¿A quién debe pedir responsabilidades?

Esta confusión estructural está exacerbada por la habitual práctica de centrifugar responsabilidades políticas a otros niveles de administración, ya sean superiores o inferiores. Recientemente hemos asistido a las insistentes declaraciones del Gobierno Central que atribuyen el déficit desbocado a las autonomías. Similarmente, los sucesivos Governs en la Generalitat han culpado frecuentemente al Gobierno Central de ineficiencias propias. Esta táctica política es posible gracias a la confusa estructura de la administración pública española, la cual da credibilidad a las afirmaciones exculpatorias de los distintos gobernantes. Ante este triste panorama, el ciudadano se encuentra en una situación de constante indefensión política.

Esta ausencia de responsabilidad política necesariamente afecta la calidad de la acción de gobierno. Un gobernante que no siente la presión de rendir cuentas sobre sus decisiones concretas en su ámbito específico de competencias no tiene más incentivo para la correcta formulación e implementación de políticas públicas que su altruismo y sentido del deber. La evidencia muestra que éstos frecuentemente brillan por su ausencia. En efecto, la permanente posibilidad de culpar siempre de todo a otros niveles de gobierno ha ayudado a crear una clase política frívola, que pasa más tiempo debatiendo posturas ideológicas vacuas y repartiendo favores que resolviendo los problemas de la ciudadanía.
Estos días el debate sobre los costes o beneficios de la independencia de Catalunya protagoniza el espacio público. El baile de cifras oculta uno de los aspectos más importantes a largo término: en una Catalunya independiente, el ciudadano catalán tendría, finalmente, un referente político con responsabilidad última. El infantilismo político consecuencia culpar siempre a Madrid de todo se habría acabado. Una nación madura debe poder interpelar a sus gobernantes cuando sea necesario.

Sin embargo, la independencia en sí misma tan solo eliminaría la excusa más frecuentemente usada para evadir responsabilidades. Es crucial que la sociedad catalana aproveche la oportunidad que se daría para refundar las instituciones políticas de modo que la transparencia y la responsabilidad política salgan reforzadas. Si las actuales estructuras van a mantenerse, no es obvio que para este viaje se necesiten alforjas.

Gerard Padró i Miquel

En Gerard Padró i Miquel és Catedràtic d'Economia a la London School of Economics and Political Science (LSE) i co-dirigeix el programa de recerca en Governabilitat i Economia Política a l’International Growth Centre. Va obtenir el seu doctorat (PhD) al Massachusetts Institute of Technology (MIT) el 2005. És investigador associat del NBER (Cambridge, MA) i del CEPR (Londres). Ha estat professor a Stanford University i la seva recerca es centra en els camps de desenvolupament econòmic i d'economia política.
Sitio Web: personal.lse.ac.uk/padro/
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